Cerrar las fronteras no es una opción decente.
Ésta es la versión en castellano del artículo publicado en catalán por el diario ARA el 1 de noviembre de 2016.
Días atrás, en este mismo diario se publicó un artículo de Miquel Puig en el que se criticaba a quienes defienden la apertura de las fronteras con el argumento de que tal cosa sería incompatible con el mantenimiento del estado del bienestar. El autor calificaba de tertulianos poco documentados a quienes dicen que el impacto económico de la inmigración es positivo y acababa afirmando que “la inmigración que llama a nuestra puerta no es un buen negocio”. Tales aseveraciones son discutibles, y yo las discutiré aquí, pero hay algo previo al debate sobre los efectos económicos de las fronteras abiertas, y es si los países del occidente rico tenemos la legitimidad necesaria para cerrarlas.
Desde un punto de vista humanitario, impedir que una persona busque en otro país el trabajo que le ha de permitir sacar a su familia de la miseria o llevar a sus hijos a un colegio no tiene la más mínima legitimidad. Naturalmente, contra esto se puede decir que, aunque no tenga legitimidad moral, sí tiene legitimidad legal, ya que ninguna ley o tratado obliga a los Estados a abrir las fronteras a la inmigración. Pues bien, lo cierto es que el actual bloqueo de las fronteras tampoco cuenta esa legitimidad legal, y ésta es una conclusión a la que se llega fácilmente en cuanto nos preguntamos quiénes son esas personas que están tratando de cruzarlas. Fuentes tan diversas como ACNUR o Frontex (la policía europea de fronteras) coinciden en que el 85% de las personas a las que se impide entrar legalmente en Europa procede de países en guerra. Si ello es así, esas personas son refugiadas, y los Estados europeos tienen la obligación legal de permitirles la entrada para que puedan presentar sus solicitudes de asilo. La Convención de Ginebra sobre Refugiados, de la que son firmantes, establece claramente el derecho de los refugiados a solicitar asilo en cualquiera de los países parte, y dado que todos los Estados europeos eliminaron de sus leyes de asilo la posibilidad de presentar solicitudes en embajadas, los refugiados no tienen otra opción que la de entrar en el territorio del Estado. Los gobiernos europeos están vulnerando la ley con un bloqueo de las fronteras que obliga a los refugiados a buscar vías irregulares de entrada, pagar a las mafias y jugarse la vida en el Mediterráneo (y perderla: este año ya llevamos 3.700 muertes).
Pero olvidemos por un momento que la mayoría de los que quieren entrar son refugiados y vayamos a meollo del artículo de Miquel Puig en el que afirma que el impacto económico de la inmigración es negativo. No sé qué fuentes maneja, pero los estudios que yo conozco dicen lo contrario. Autores como G. Borjas, S. Pekkala, M. Feridum o G. Peri han estudiado en distintos países los momentos en los que se ha producido un flujo intenso de inmigración y el impacto económico que ello ha tenido, y sus conclusiones son que tal impacto es positivo. Lo que miden es tanto el impacto sobre las posibilidades de empleo de los autóctonos, como sobre sus salario, y, aunque parezca contradictorio con las leyes de la oferta y la demanda, lo comprobado es que una entrada intensa de extranjeros en el mercado laboral de un país genera mayores posibilidades de empleo para los autóctonos y les hace ascender en la escala laboral (lo que supone mejora salarial). Lo que ocurre, sencillamente, es que la inmigración dinamiza determinados sectores de la economía y abre posibilidades de crecimiento y empleo que antes no existían. Además, tiene un impacto fiscal positivo, como han demostrado en España autores como J. I. Conde-Ruiz, A. Estrada, C. J. Ocaña, J. Monero, M. Bruquetas, M. Sastre, T. Pérez, L. Ayala, o estudios del Gobierno Vasco, de la Oficina Económica de Presidencia de Gobierno, y otros.
Por otra parte, incluso si fuera cierto que el balance económico de la entrada de inmigrantes y refugiados es negativo para el país receptor, no hay que perder de vista que simplemente se estaría produciendo cierta compensación por el expolio continuado de los países pobres por parte de los ricos. Y no hablo sólo del expolio histórico generado por la colonización, también me refiero al que sigue produciéndose de forma continuada. Tomemos África como ejemplo. La facturación fraudulenta de las multinacionales occidentales genera una pérdida de 35.000 millones de dólares cada año al fisco de los países africanos, y el balance total para África es de una pérdida es de 192.000 millones cada año que va hacia los países occidentales, según Health Poverty Action. La desertización y la pérdida de cosechas que está causando el cambio climático se debe a unas emisiones de las que sólo el 10% está generado por los países pobres, el resto se lo aportamos desde los ricos, según Oxfam. Digamos que nuestro estado del bienestar le debe bastante a la gente de los países pobres y, por tanto, también a quienes tratan de entrar en Europa procedentes de esos países.
Si finalmente resulta cierto que en el futuro sólo habrá trabajo para una pequeña parte de la sociedad, la única solución estará en el establecimiento de la renta básica universal, y hemos de aceptar que los países occidentales tenemos que pagar buena parte de las rentas básicas de los países pobres. De modo que aunque fuera verdad que los inmigrantes y los refugiados vinieran buscando las prestaciones sociales, aceptando tal hecho sólo estaríamos haciendo lo correcto.
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