Ciudades refugio. El alcance de la iniciativa.
Publicado por Público/Actualidad Humanitaria el 8 de septiembre de 2015 (ver aquí)
Las políticas de inmigración y asilo practicadas en Europa, guiadas por la obsesión de lo que los gobiernos llaman “lucha contra la inmigración ilegal”, están suponiendo una grave vulneración de nuestras leyes de asilo y de los tratados internacionales, ya que el bloqueo practicado de las fronteras impide que las personas que huyen de guerras o persecuciones lleguen a territorio de asilo. Miles de muertos en naufragios en el Mediterráneo, masas humanas atrapadas en zonas fronterizas, mafias haciendo negocio con ellas para trasladarlas a Europa…, todo ello tiene como punto de partida una política de fronteras cuyo objetivo no es otro que el de impedir que los refugiados lleguen a nuestros países.
Pero la actual crisis de refugiados ha alcanzado tal nivel que las sociedades europeas han comenzado a reaccionar. Un movimiento solidario de grandes dimensiones ha surgido en las últimas semanas. Es un movimiento esperanzador porque nos dice que nuestras sociedades están aún vivas en su disposición a defender las libertades y los derechos humanos. Miles de familias se han prestado por toda Europa para acoger a refugiados, distintos estamentos sociales, deportivos y culturales se han sumado al “refugees welcome” y muchos municipios están apoyando su entrada y acogida. En España, ha surgido un movimiento sin precedentes de ciudades que se prestan a ello. La propuesta partió de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y se extendió con rapidez en pocos días. Todo este movimiento es, sin duda, una contribución de enorme valor para quebrar la cicatería y el egoísmo con el que los gobiernos habían respondido hasta el momento. Ahora hablan de nuevas cuotas de acogida en términos que eran impensables hace unas semanas.
Sin embargo, ahora más que nunca es necesario precisar qué medidas deben ser tomadas para que los refugiados ejerzan su derecho de asilo y qué responsabilidades tienen las distintas instituciones. Por ejemplo, la oferta que muchas familias españolas están haciendo para acoger a familias sirias en sus casas exige cierta reflexión. ¿Basta con que la familia de acogida espere a la otra en la estación o el aeropuerto y se la lleve a su casa? Ciertamente, no. De entrada, debemos tener en cuenta el estatus que ha de tener la familia recién llegada: si no se hace ningún trámite legal, sus miembros se convierten en inmigrantes en situación irregular. Y no lo son. Son refugiados que deben ser tratados como tales.
Reconocerlos como refugiados implica varias cosas: que el gobierno español les facilite la entrada; que se presente una solicitud de asilo individualizada para cada persona; que tal solicitud sea admitida a trámite; que, a partir de ahí, se les dé la acogida a la que por ley los solicitantes de asilo tienen derecho (alojamiento, manutención…); que reciban la atención legal necesaria para hacer el seguimiento de su solicitud; que reciban asistencia psicológica (muy importante en el caso de los refugiados porque han huido de guerras o persecuciones); que reciban apoyo para la integración y asesoramiento para la inserción laboral; etc. Éste es el marco de derechos que tiene un solicitante de asilo, y es el Estado quien está obligado a financiarlo. En España, son organizaciones sociales, como CEAR, las que dan toda la atención integral que cada refugiado requiere. Las subvenciones públicas que reciben sirven para mantener los pisos o centros de acogida y los profesionales que dan la atención legal, social, psicológica, etc. Hasta ahora, sin embargo, las subvenciones han estado muy por debajo de las necesidades, y la mayoría de los solicitantes de asilo no han recibido la atención debida.
Todo esto debe ser tenido en cuenta a la hora de ver qué aportaciones pueden hacer las ciudades-refugio en nuestro país. La primera ya la han hecho: al salir en defensa del asilo, han generado solidaridad social y han puesto al gobierno ante el reto de cambiar su política y de abrirse a la acogida de refugiados; pero conviene precisar también las aportaciones prácticas que las ciudades pueden hacer, y las más específicas son, sin duda, aportar viviendas para refugiados y apoyar a las asociaciones que les dan atención (subvencionando la contratación de profesionales, etc.). En este marco puede encajar la oferta que muchas familias están haciendo para acoger a refugiados en sus casas, pero creo que lo explicado en los párrafos anteriores deja claro que tal encaje no es sencillo. De modo que la apuesta principal que los consistorios de las ciudades-refugio deben hacer es la de aportar viviendas y apoyo a las entidades sociales especializadas en la gestión del asilo. Y lo han de hacer, además, sin que ello sirva para que el Estado se inhiba de sus obligaciones en esta materia, es decir, dejando claro que las aportaciones de las ciudades son complementarias a las del Estado y exigiendo que éste incremente las suyas.
Pero hay algo anterior a todo esto, pese a que yo lo haya dejado para la última parte de este artículo: para que se produzca la acogida de refugiados, primero han de entrar en el país. Aquí reside el quid de la cuestión; el objetivo central de la batalla que debemos librar es este momento. En el mundo hay 60 millones de refugiados y no son los países ricos precisamente aquellos que mayor número acogen. La guerra de Siria ha generado ya más de cuatro millones, de los que los 28 países de la Unión Europea acogen a menos del 10% (he subido este porcentaje, respecto al que dan las organizaciones internacionales, para que incluya con creces a los llegados en las últimas semanas); sólo Turquía tiene cinco veces más refugiados sirios que el conjunto de países de la Unión Europea. Así, lo que Europa tiene que hacer es cumplir con la Convención de Ginebra sobre Refugiados y abrir vías accesibles para que las personas que huyen de guerras o persecuciones entren en nuestros países. Las muertes en el Mediterráneo y los dramas que viven las familias transportadas por las mafias se acabarán en el momento en el que se abran las vías seguras.
Los gobiernos europeos están hablando de recolocar 120.000 refugiados (las imágenes difundidas y la solidaridad ciudadana los ha obligado a superar la cifra inicial de 40.000). Éste es un paso en la buena dirección, aunque el ACNUR ha dicho que al menos habría que recolocar a 200.000. Sin embargo, estos refugiados para los que se discuten las cuotas de recolocación son personas que ya están dentro de la Unión Europea, son los refugiados que han llegado a Italia, Grecia o Hungría y que deben ser redistribuidos por otros países de la Unión. Por tanto, todo el debate de las cuotas sigue sin dar respuesta al asunto principal: cómo entran en Europa los que aún no lo han hecho. Es decir, cómo entran sin jugarse la vida en el Mediterráneo ni ponerse en manos de las mafias. Las ciudades-refugio, las organizaciones sociales y todas las personas solidarias debemos exigir a los gobiernos que no se limiten a hablar de cuotas de recolocación y aborden de una vez el debate sobre las vías seguras de entrada.
¿De qué hablamos al decir vías seguras? Hablamos de que las embajadas y consulados europeos que hay en los países de tránsito den visados de entrada a las personas que proceden de países en guerra, de forma que les baste con comprar un billete de avión u otro medio de transporte para llegar a un país europeo. Esto comparta distintas posibilidades: una es que los refugiados puedan solicitar asilo en las embajadas (ahora no pueden); otra es que las embajadas dispensen visados humanitarios para que los refugiados entren a Europa y soliciten asilo aquí; otra es eliminar la exigencia de visado para los ciudadanos de países en guerra; otra es ampliar el reasentamiento de refugiados que están acogidos por el ACNUR en países de tránsito para que sean trasladados a Europa de forma organizada. Todas estas acciones se reducen, en definitiva, a una: que los refugiados puedan llegar a un país de asilo europeo sin jugarse la vida en el trayecto. Éste es el gran reto. Ésta es la gran exigencia que los consistorios de las ciudades-refugio han de plantear a los gobiernos. Éste es el salto cualitativo que debe hacer el derecho de asilo en Europa.
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